Ana Lilia Ramírez
TIJUANA.- Médicos solicitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) un acto de inconstitucionalidad contra el decreto 212 de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
Ashley Isaí Salgado Lara, representante legal de los doctores y doctoras afectados, dijo que los médicos se sintieron afectados tras la reforma en que se adicionó un tercer párrafo al artículo 260 del Código Penal, que da hasta seis años de cárcel e inhabilitación de profesión a quienes realicen procedimiento quirúrgico de especialidad.
“Se realizó la petición al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que accione sus facultades establecidas en el artículo 16 de la ley del organismo público, para que ejercite acción de inconstitucionalidad ante la publicación de esta norma que es evidentemente violatoria de los derechos humanos”, refirió Salgado Lara.
La defensa señaló que criminalizan la profesión de los médicos cirujanos especializados en cirugía estética y son afectados con la reforma al Código Penal de Baja California, pues vulnera los derechos humanos a la seguridad jurídica, aseguró que no hubo un estudio que la avale.
“Se criminaliza y se busca inquisitoriamente penar a la actuación de los médicos cirujanos especializados en cirugía estética, sin contar con un estudio correspondiente que avale su constitucionalidad, en esta reforma se vienen vulnerando los derechos humanos a la seguridad jurídica de cualquier médico general en sí, ya que no se especifique y tiene que remitirse a otros ordenamientos como la ley general de salud, qué es no permiten establecer una tipicidad exacta del delito que se pretende castigar”.
El decreto 212, establece penas de seis meses a seis años de cárcel y de veinte a doscientos días de multa y se inhabilitará para ejercer la profesión médica hasta por el mismo tiempo a quien lleve a cabo un procedimiento quirúrgico de especialidad médica, sin contar con cédula expedida por la autoridad educativa competente y certificado vigente otorgado por el Consejo de Especialidad Médica correspondiente.
La reforma del código penal, dice el abogado, no cumple con los principios de legalidad y taxatividad, asegura que el contenido del tipo penal no se basta por sí mismo, y para la comisión de la conducta son tan amplios que ocasiona inseguridad jurídica.
A la par de oficios que te pusieron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California como un acto de inconstitucionalidad, alrededor de 60 médicos se ampararán contra al decreto 212 de la gobernadora, pues consideran que no solo criminaliza al sector médico, también es un decreto ambiguo que afecta sus fuentes de trabajo.
