Luis Farfán
TIJUANA.- Derivado de los diversos derrumbes que se han registrado cerca de zonas habitacionales en Tijuana, los funcionarios responsables de entregar estos permisos podrían enfrentar hasta nueve años de prisión.
Así lo dio a conocer Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del Gobierno del Estado, sanción que aplicaría de acuerdo a delitos contra el desarrollo urbano.
Estos nueve años se aplican al servidor público que expidió alguna licencia o autorización para la construcción de obra o desarrollo de cualquier acción de urbanización en contravención al atlas de riesgo o a los planes de desarrollo urbano correspondiente, indicó.
Añadió que esta misma sanción se aplicará a las personas que usaron estas autorizaciones para realizar cualquier tipo de trabajo.
En coordinación con el Ministerio Público, anunció que realizarán el análisis de todas las licencias que se autorizaron y bajo qué condiciones se hicieron.
Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del pilar Ávila Olmeda informó que se generará una mesa de trabajo con el Ayuntamiento, donde se revisarán los permisos de las zonas habitacionales y especialmente donde Protección Civil indique que se están generando los deslaves.
Dijo que estudiarán si hay permisos emitidos por la autoridad, la mayoría de índole municipal, y aplicarán las sanciones correspondientes.
