La madrugada del martes 25 de octubre fueron vinculados a proceso a siete exfuncionarios del gobierno de Jaime Bonilla y un representante de la empresa Next Energy sobre el caso de la planta fotovoltaica por los delitos de peculado y uso ilícito de facultades como funcionarios públicos. Entre ellos está Marco Antonio quien es actual secretario del trabajo en la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La mandataria señaló que continuará en el cargo.
Por su parte, el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados en Baja California Rafael Cruz Manjarrez señaló que con la presunción de inocencia no existe un impedimento legal lo obligue a separarse del cargo, sin embargo, debería de hacerlo en lo que se desarrollan las investigaciones.
Durante la audiencia que se prolongó hasta la madrugada del martes, el juez desechó en el proceso penal al ex secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien exactuó al coordinador general de relaciones interinstitucionales del gabinete de la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues, no firmó el contrato, y tampoco firmó la publicación en el periódico oficial. Entre los ocho imputados, de los cuales son siete ex funcionarios estatales y un representante de la empresa, tendrán que firmar cada en tanto se siga el proceso.
Se trata de Alberto Julio, representante de la empresa Next Energy y los exfuncionarios Rodolfo N, actual funcionario del gobierno de Sonora, y quien fue el secretario de hacienda en Baja California, Adalberto N, ex secretario de hacienda, Israel Clemente, ex oficial mayor, Karen N, ex secretario de infraestructura, Salomón N, ex secretario del agua, y Marco Antonio N, ex oficial mayor y actual subsecretario de trabajo en el gobierno del Pilar.
Al término del arranque de obra del nodo a la mar, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que conocía a los imputados y no era un tema personal, sino que trataba de defender el patrimonio y las finanzas públicas del estado. También reiteró la gobernadora que el contrato entregado a la empresa Next Energy realizado en el gobierno de Jaime Bonilla para la construcción de la planta fotovoltaica en Mexicali, comprometía las finanzas públicas a futuro por más de treinta millones de pesos.
