Crisstian Villicaña
TIJUANA.- Son 52 carpetas de investigación las que tiene abierta la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC) en contra de agentes del ministerio público, policías y otros funcionarios públicos, esto por actos delictivos.
“Esas son para seguimiento de tema de situación patrimonial, de manera tal que las denuncias mayoritariamente son por temas de presunto abuso de autoridad, por un lado, algunos otros de violencia familiar, tenemos a seis personas denunciadas por violencia familiar y algunos otros que hemos dado de baja por consumo de narcóticos o de sustancias ilícitas controladas que han sido removidos”, mencionó el Fiscal de Baja California, Iván Carpio.
En los últimos 10 meses, 23 servidores públicos han sido dados de baja, dando como resultado que se haya incrementado en un 67% los casos de este tipo en comparación con administraciones pasadas.
“Hemos remitido a la Comisión de Disciplina más de 57 personas, han por estas razones sido resueltas más de 52, en las cuales es necesario darle una continuidad a una investigación, ya no a pedirles solamente la renuncia, sino que a suspenderle y buscarle una investigación por algún tema, quizás de algún enriquecimiento inexplicable a algún tipo de funcionario de estos”, detalló Carpio.
Sin embargo, los actos delictivos por parte de elementos de la FGE se siguen dando, como la agente de la Fiscalía Regional de Tijuana detenida el fin de semana pasada en San Diego, a la cual se le imputa el delito de conspiración para traficar drogas.
“La persona en cuestión ya no labora dentro de la institución, nosotros iniciamos una investigación de carácter interno para revisar con que personas tenía contacto, con que personas tenía vinculación, a que tipo de información pudo haber tenido acceso para ver si no hay algún tema que tengamos que ocuparnos al respecto y por supuesto desarticular cualquier forma de contacto con gente que está sujeta a investigación, sin anticipar responsabilidades y sentencias condenatorias”, apuntó Carpio.
Esta elemento laboraba en la FGE desde el 2015, a raíz de su detención su madre y hermana, también trabajadoras de la Fiscalía, renunciaron a sus puestos, de acuerdo a lo expresado por el Fiscal, añadiendo que habrá mano dura en contra de los funcionarios públicos que caigan en actos delincuenciales
“Ante estas situaciones los exámenes de confianza los que nos alerta son de posibles riesgos, pero las conductas que castiga la Ley ya será decisión de quien decida tomarla y por supuesto bajo esa tesitura también que asuman las consecuencias y que bueno que detuvieron a las personas en Estados Unidos y que bueno si son culpables que los sentencien por muchos años”, concluyó Carpio.
En lo que va de la administración de Marina del Pilar dos elementos de la FGE han sido detenidos en Estados Unidos por delitos relacionados con drogas, uno de ellos, el ministerio público Octavio Espino continúa prófugo de la justicia.
