Cinco colectivos encargados de buscar a personas desaparecidas en Baja California se inconformaron por la iniciativa de ley estatal en materia de desaparición forzada de personas de la diputada Rocío Adame Muño, alegan que no cumple con los estándares y principios indispensables pero sobre todo, señalaron que las familias de las víctimas de desaparición no fueron tomadas en cuenta.
No hay, no hablan nada sobre el proceso legislativo, no habla nada sobre el contenido de la ley, como por ejemplo, el tema de búsqueda, la inmediatez, la presunción de vida y todos los registros aquí en Baja California, se tienen prácticamente más de 14,800 desaparecidos. Si se tuviera ese registro a nivel nacional, seríamos el segundo lugar en todo México.
El Congreso de Baja California, tenía hasta el 15 de julio de 2018, para armonizar la ley federal que en noviembre de este año, cumplirá 5 años de haberse publicado. Esa situación ha sido calificada como una omisión por parte del poder legislativo local.
Los colectivos solicitaron al congreso de Baja California que se continúe trabajando en la iniciativa considerando una serie de puntos necesarios, tomando en cuenta a las familias afectadas y no politizando temas tan sensibles.
Pues uno, como les digo, es el tema de incluir a los municipios y que tengan responsabilidad. Ante la falta de esta ley no se ha establecido una fiscalía especializada en el tema de desaparición de personas y se ha dejado de reconocer el contexto de violencia que requiere disposiciones legales específicas.
