TIJUANA.-A partir del próximo 1 de septiembre, el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, será citado a declarar en relación al caso de la planta fotovoltaica Next Energy. Así lo confirmó el Consejero Jurídico del Estado, Juan José Pon. La suspensión del fuero de Bonilla marca el inicio de una serie de procesos legales que buscan esclarecer su presunta participación en delitos de uso ilícito de atribuciones y peculado.
“Argumenta que al ser Senador cuenta con fuero, por lo tanto no podía ser juzgado, sin embargo ahora en atención a los resultados que se obtuvieron en estas elecciones, el señor Jaime Bonilla dejaría de ser Senador y a partir del 1 de septiembre podría comparecer de nueva cuenta”.
El caso Next Energy no solo involucra a Jaime Bonilla, sino a un total de 10 personas que podrían enfrentar cargos y sanciones. La Consejería Jurídica del Estado ha estado trabajando para reactivar este proceso judicial que había quedado en pausa debido al fuero constitucional del entonces senador. Ahora, sin la protección del fuero, las autoridades están listas para proceder con las citaciones y declaraciones necesarias.
“Fue, pero con fuero, andaba escondido y una vez que retomó el fuero, pues entonces sí acompañó a quienes eran sus colaboradores, pero que padre ir con un fuero”.
Los delitos por los que se investiga a Jaime Bonilla son graves. Según el Consejero Jurídico del Estado, las acusaciones incluyen el uso ilícito de atribuciones y facultades, con penas de hasta 12 años de prisión, y peculado, que podría agregar hasta 6 años más. Esta situación podría desembocar en una pena total de 18 años si se comprueban los cargos. Las autoridades han dejado claro que están comprometidas con la transparencia y la justicia en este caso.
“Los delitos por los cuales se les está acusando, es por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades así como por el delito de peculado”.
Las autoridades han advertido que si Jaime Bonilla intenta refugiarse en otro país, el gobierno utilizará todos los recursos legales para solicitar su extradición y asegurar su comparecencia ante la justicia. Este caso está lejos de concluir y podría marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Baja California. Manténgase informado y siga de cerca las actualizaciones de este caso crucial para el futuro de la justicia en nuestra región.
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