La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, así como con Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada para los Derechos del Niño de Rusia por crímenes de guerra, al presuntamente deportar forzosamente miles de niños ucranianos a su país.
El organismo indicó que los hechos se habrían cometido, por lo menos, desde el 24 de febrero del 2022, y afirmó que hay motivos suficientes para creer que el presidente tuvo responsabilidad individual de estos crímenes.
Piotr Hofmański, presidente de la CPI detalló que el derecho internacional prohíbe trasladar civiles del territorio en el que viven a otros, y los niños tienen una protección especial en virtud de la Convención de Ginebra, la cual está diseñada para proteger a víctimas de guerras.
Comentó que los jueces que tratan el caso decidieron hacerlo público con el objetivo de prevenir futuros crímenes, por lo que solicitaron las órdenes de detención, y su ejecución depende de la cooperación internacional.
La Corte Penal Internacional se creó en 2002, con el objetivo de juzgar los crímenes más crueles cometidos a nivel mundial, y el fiscal del órgano, Karim Khan había declarado anteriormente que los presuntos secuestros de niños era una investigación prioritaria, tras visitar Ucraina.
