Expusieron que el contrato adjudicado a esa empresa es ilegal, ya que hubo presunto contubernio de funcionarios de la anterior administración estatal.
MEXICALI.- Diputados del Grupo Parlamentario del PAN, encabezados por Juan Diego Echavarría Ibarra, ofrecieron conferencia de prensa, la mañana del lunes 20 de febrero, para anunciar que presentarán por su cuenta una denuncia penal contra la empresa ROMAFAN, S.A. también conocida como FISAMEX y contra funcionarios de los organismos operadores de agua de la anterior administración (2020-2021).
Los legisladores entregaron copias de un reporte de Auditoría Superior del Estado que se practicó al contrato de servicios que pactó la anterior administración estatal en tiempos del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, con el aval de los consejos consultivos de los organismos operadores de agua, donde se señala que ese contrato fue irregular e ilegal.
Señalaron que no se justificaba, que fue oneroso y que, más que cobros por servicios de agua (consumos, derechos de conexión, entre otros), se convirtieron en actos de extorsión contra empresarios.
Echevarría Ibarra junto con las diputadas Amintha Guadalupe Briceño Cinco y Santa Alejandrina Corral Quintero informaron que derivado del reporte de la Auditoría Superior del Estado, el Congreso del Estado debe dar vista a la Secretaría de Honestidad del Estado y esta, a su vez, presentar denuncia penal ante la Fiscalía General de Baja California, por la presunción de diversos delitos como abuso de autoridad, uso indebido de funciones y hasta extorsión.
Dieron a conocer que en el periodo 2020-2021 en que actuó FISAMEX, se realizaron cobros hasta por mil 810 millones de pesos. Del total cobrado la empresa Fisamex se llevó 354 millones de pesos de comisiones en razón del 20 por ciento del monto total cobrado.
Añadieron que FISAMEX ni siquiera hizo trabajo de campo, todo lo basó en trabajo de escritorio, lo que también violó cláusulas del contrato que obtuvieron.
Los diputados indicaron que no se justifica ese pago de 354 millones. Aseguraron que las comisiones de agua con sus propios medios y personal pudieron haber hecho el cobro. Destacaron que con lo pagado a FISAMEX se hubieron dado mayor mantenimiento al acueducto Río Colorado o realizar muchas otras obras y hasta evitar el aumento anual en tarifas de agua.
Los legisladores informaron que distintos empresarios que se sintieron afectados por los cobros, recurrieron a juicios y han logrado sentencias a su favor. Por lo que el Estado tendrá que devolver un total de 234 millones de pesos, más lo que se acumule.
Echevarría Ibarra desatacó que el congreso como institución ha dado seguimiento a todo este tema de Fisamex, ha aprobado distintos acuerdos y debería mantener su seguimiento como lo ha hecho hasta ahora. Afirmaron que como Grupo Parlamentario actuarán en paralelo con una denuncia penal y recurrirán ante todas las instancias que sean posibles hasta que se resuelva de fondo el tema.
