Ya se instalan en Baja California las cuatro mil cámaras dentro del contrato con la empresa Seguritech, sin embargo, aún no se sabe con qué recursos se van a cubrir los mil doscientos millones de pesos que se empezarán a pagar a partir de marzo de 2023. En la publicidad del primer informe de gobierno de la gobernadora Marina del Pilar, ya se presume como un logro lo de las cámaras luego del controvertido contrato a la misma empresa que fue cuestionada con el entonces gobernador Francisco Kiko Vega, diputados aprobaron el contrato pero tampoco saben de donde saldrá el dinero.
Con el ajuste a la tasa del impuesto sobre nómina que fue aprobado por los diputados se podría cubrir una parte del contrato pero no se sabe si alcanzará o tendrá que hacer otros ajustes en los impuestos.
La gobernadora, Marina del Pilar, asegura que se empezará a pagar el año que entra, pero no trae el tema de la ruta financiera. La información en específico de cuál es la ruta financiera, pero este año no se paga. Se empezará a pagar a partir del próximo año, ya que están instaladas las cámaras, aseguró Marina del Pilar.
Más allá del contrato y el financiamiento, las cuatro mil cámaras serán de gran utilidad para la investigación de los delitos. Muy positivo para la investigación de los delitos porque son testigos históricos a los que podemos accesar, que no se pueden negar, no se puede poner en duda lo que ahí se visualiza y son de mucha utilidad al momento de mostrar, puede esclarecer algún caso delictivo.
Se espera que haya más de cuatro mil cámaras en apoyo a la seguridad y la justicia en Baja California, dice el fiscal. La tecnología es una herramienta muy útil en todo tipo de temas de seguridad y de investigación de delitos, pues potencializa la capacidad del hombre.
