TIJUANA.- El fisco federal tiene en marcha desde hace un año una campaña para que los contribuyentes eviten caer en operaciones de lavado de dinero, no obstante, las auditorías se han recrudecido y las multas por no cumplir con la normatividad pueden elevarse a más de 50 millones de pesos.
Lo anterior lo expusieron el Dr. Jorge Arturo Pavón García, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), y la L.D. y C.P.C. Jeaneth Ayala Jacobsen, especialista en PLD, quienes estuvieron como invitados en el desayuno catorcenal del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC).
La charla se tituló “Momento en que se detonan las obligaciones de PLD”, donde el Dr. Pavón García indicó que el panorama general es que son las actividades económicas que realizan ciertas personas, quienes pueden utilizar el crimen organizado para lavar su dinero.
El expertos aseguró que México ha cumplido con leyes y reglamentos, pero no en cuanto a auditorías y visitas de verificación ni ha sancionado a las personas, y es algo que debe informar a la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), mediante un reporte que entregará en abril de 2026, para ver su ha cumplido.
“Lo que buscan es que protejamos nuestro negocio e identifiquemos con quiénes estamos celebrando operaciones, sobre todo en sectores vulnerables como el inmobiliario, renta de vehículos, arrendamientos, notarios, corredores públicos, blindajes, préstamos, entre otros.
Por su parte, la C.P.C. Jeaneth Ayala Jacobsen, especialista en área de prevención de lavado de dinero, refirió que existen alrededor de 130 mil sujetos obligados en el país, los cuales deben cumplir con esta normatividad.
Actualmente la autoridad tiene la meta de revisar un 10%, dijo, lo que equivale a 13 mil sujetos obligados, de manera que el SAT (Servicio de Administración Tributaria) realizará visitas de verificación.
En dichas revisiones, explicó Ayala Jacobsen, la autoridad solicitará información de los clientes, por lo que hay pasarlos por las listas negras internacionales, e integrar el expediente de cada cliente con las identificaciones que marca la ley.
“Lo más importante es que cada que se realiza una actividad vulnerable se debe enviar un aviso a la autoridad, ya que si no se hace, la multa va de 1 millón a 7 millones de pesos, mientras que por cada documento que no tenga el expediente la multa asciende a 21 mil pesos”, advirtió.
Finalmente, los expositores recomendaron a los contribuyentes el acercarse con especialistas que dominen el tema de la PDL, y así evitar afectaciones en su patrimonio.
