TIJUANA.- Con voluntad y trabajo en equipo entre sociedad, iniciativa privada y gobierno es como puede solucionarse el problema de contaminación de las playas en la entidad, el cual no sólo tiene que ver con lo ambiental, sino también con la salud pública.
Así lo expuso la presidenta de Hagamos Conciencia A.C., Lic. Marisol Montaño, quien indicó que esta problemática tiene años y afecta, principalmente, las playas de Tijuana, Rosarito y Ensenada.
La activista ambiental recordó que en el mes de marzo pasado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que Baja California cuenta con playas que presentan un alto nivel de Enterococos y Coliformes Fecales, a causa de las descargas de aguas residuales y desechos sólidos.
“La situación es repetitiva. Desafortunadamente continúan las descargas de aguas residuales a los drenajes que tienen salida directa a la playa, en el caso de Tijuana, Rosarito y Ensenada es visible al ojo humano, basta con caminar un tramo por la orilla o por sus malecones y percatarnos, hasta con el olfato, de un punto en donde se da la descarga o concentración de aguas negras”, señaló.
Destacó que esto afecta directamente a la salud pública, ya que al tener contacto con agua contaminada se corre el riesgo de enfermar por bacterias, pues “los Enterococos son un grupo de bacterias que se encuentran en el medio ambiente y en el tracto gastrointestinal de los seres humanos”.
Asimismo, los Coliformes fecales son bacterias que se encuentran en, prácticamente, todas partes y superficies, y ambos resultan dañinos para el ser humano si se encuentran concentradas en gran medida.
Desde el aspecto legal, el Lic. David Esparza, asesor jurídico de Hagamos Conciencia, refirió que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala, en el artículo 5, que es facultad de la federación la protección de las aguas nacionales, por lo que el encargado de sancionar la conducta de descargas de aguas de forma irresponsable sería la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Subrayó que las sanciones por arrojar contaminantes al mar van desde las 30 mil hasta las 50 mil UMAS, así como la clausura de la fuente contaminante, de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico.
Pero si se abre juicio ante la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, dijo, la sanción va desde las 1,000 hasta las 600,000 UMAS, y este es un juicio que se puede promover por personas físicas que habiten en el entorno contaminado, Profepa, así como personas morales que representen a alguna comunidad.
“Es importante que como sociedad se tenga conocimiento del tema, pues esto nos ayudará a visualizar un problema que, tal vez por carga de trabajo las autoridades, no llegan a notar o no se dan abasto, por lo que como ciudadanos podemos actuar y trabajar por el bienestar del entorno en el que vivimos”, expresó Marisol Montaño.
“Recordemos que siempre es mejor buscar la prevención del daño, sin embargo tenemos mucho trabajo por hacer para corregir y sanear la contaminación ya existente, hagamos un ambiente sano para todas y todos”, concluyó.
