TIJUANA.- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) llevó a cabo el primer foro de “Diálogos por la democracia”, en el que se invitó a los candidatos a diputados locales a quienes se expusieron los retos e inhibidores en materia de infraestructura.
El Ing. Gabriel Vizcaíno, presidente de CMIC, delegación Tijuana, Tecate y Rosarito, explicó que estos foros son una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuya finalidad es expresar la unidad del sector productivo, así como conocer las propuestas de los aspirantes a cargos de elección popular.
“Nos dio gusto que asistieran los candidatos de todos los partidos, y esperamos que una vez lleguen al Congreso de Baja California tomen en cuenta lo que aquí se externó”, comentó el dirigente.
Entre los temas que se mencionaron, dijo, fue la necesidad de incrementar el presupuesto federal para infraestructura en la entidad, pues para este 2024 es de 5 mil millones de pesos, cuando el Banco Mundial dicta que se debe destinar un 5% del PIB (Producto Interno Bruto), lo que equivale a por lo menos 30 mil millones de pesos.
“Tenemos que mejorar la inversión en obras de infraestructura, por eso a cada candidato se le entregó un documento con información relevante sobre la industria de la construcción, que, cabe mencionar, en 2023 generó 7 mil empleos en Tijuana”, señaló.
En el marco del foro, Adrián Gallardo, especialista en políticas públicas y consultor de CMIC nacional, impartió una conferencia en la que expuso los retos e inhibidores para el sector en la ciudad.
“Frente a serios rezagos en infraestructura y vivienda social en Tijuana debe reconocerse que son un imperativo económico, pues 97 de cada 100 tijuanenses declaran como un problema gravísimo el deterioro y mal estado de las calles, de acuerdo con el INEGI”, comentó.
El ponente argumentó que históricamente Tijuana y Baja California han recibido un trato inequitativo en cuanto a los recursos de la federación, pero en los últimos años se ha agravado, porque de 2014 a 2023 se recortó en 58% la inversión en carreteras, 22% en agua, 91% en educación, lo cual se refleja en afectaciones a la infraestructura y, por tanto, a la calidad de vida.
Para terminar, el consultor coincidió en la necesidad de aumentar el presupuesto anual en infraestructura a por lo menos el 5% del PIB, así como el promover las inversiones mixtas del sector público y privado para proyectos de movilidad urbana, plantas tratadoras de agua, construcción de periféricos, entre otros, lo cual se puede gestionar desde el congreso.
