TIJUANA.- El adeudo de 123 millones de pesos que tiene el Banco Afirme con el Gobierno de Baja California continúa sin saldarse, esto a pesar de las dos órdenes de aprehensión que existen en contra de los representantes legales.
El consejero jurídico estatal, Juan José Pon, aseguró que los procesos jurídicos que se llevan en contra de Afirme y la empresa Next Energy tras la cancelación de la empresa fotovoltaica, continúan su proceso a pesar de los juicios de amparo que se han interpuesto ante diversas instancias por parte de las empresas denunciadas.
Al respecto de las investigaciones en contra de los ex funcionarios involucrados en la administración de Jaime Bonilla que participaron en el proceso de la firma de contratos con la empresa Next Energy y la entrega de los 123 millones de pesos al banco Afirme, el fiscal indicó que las investigaciones siguen su curso y adelantó que se iniciaron procesos penales por el tema de Fisamex.
Hasta octubre del año 2022 se informó que había seis ex funcionarios vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones al participar en la licitación de la planta fotovoltaica sin contar con permisos federales.
