TIJUANA.- La comunidad migrante de mujeres y hombres trans diagnósticados con VIH, que viven en Tijuana, están sufriendo discriminación por parte del personal de la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunció la activista Susana Barrales, presidenta de la Casita Unión Trans.
El documento que están solicitando es la carta de no derechohabiente, con la que comprueben ante la Secretaría de Salud que no son parte del IMSS y poder acceder al tratamiento antirretroviral. Está problemática también afecta a personas trans mexicanas, quienes luego de cambiar sus datos, generan doble clave CURP y al no estar unificada, les niegan estos trámites.
La negativa de otorgar el servicio por parte del personal del IMSS vulnera el derecho universal a la salud y pone en riesgo a esta comunidad de contraer enfermedades oportunistas, indicó Barrales.
Hasta el momento son cerca de 10 personas trans las que han visto vulnerado su derecho al servicio que solicitan. Ante estás prácticas la activista tomó la decisión de interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), asimismo, solicitó a las autoridades a que sensibilicen al personal.
